En Contra de la criminalización de la protesta social

Las organizaciones de derechos humanos no oficialistas denuncian la criminalización de la protesta social y reclaman que se trate el proyecto del diputado Horacio Alcuaz (GEN-Buenos Aires), que dispone la "extinción de la pena y/o la acción penal" en todas las causas motivadas por reclamos sociales, políticos, laborales o ambientales.

"Resulta imperioso el dictado de una amnistía a fin de neutralizar la escalada represiva del Estado en la vida social", dice el proyecto, acompañado por legisladores del socialismo, Proyecto Sur, la Coalición Cívica y la UCR.
Para las organizaciones de derechos humanos, la iniciativa aparece como la única solución para resolver los casos que no alcanzan visibilidad pública. La extensa lista abarca desde silenciosas protestas de aborígenes hasta reclamos de baja exposición y alta judicialización, como los conflictos gremiales de petroleros en Santa Cruz, ambientalistas en la región cordillerana, o los sucesos ocurridos en la estación Haedo, luego de los estallidos de los pasajeros, por el mal funcionamiento de TBA.
El último caso que disparó la alarma fue el de Pablo Solana, dirigente del Frente Popular Darío Santillán. En la madrugada del 3 de noviembre, mientras su organización mantenía un campamento frente al Ministerio de Desarrollo Social, Solana intentó evitar la detención de un militante, acusado de robo, pero fue detenido junto a él por resistirse a la autoridad.
Solana fue citado la semana pasada ante el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 21, pero no como testigo ni por resistirse al arresto, sino como acusado de robo.
Tras la experiencia de Gualeguaychú, las entidades de derechos humanos creen adivinar en el hecho una nueva estrategia del Gobierno: denunciar por delitos comunes a los dirigentes opositores.